Según el The New York Times de hoy, varias compañías de teléfono, entre ellas Bellsouth, aceptaron un pedido de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de asamblar una enorme base de datos de sus clientes sin el permiso de un juez. Esto incluye también a ATT y Verizon. Esto es grave porque las compañías tienen un compromiso firmado con sus clientes de mantener su privacidad, al menos eso es lo que dicen los contratos de prestación de servicios. El Congreso está organizando una serie de audiencias al respecto, pero los clientes pueden demandar a esas compañías porque están en su derecho. De hecho, ayer se ha entablado una demanda en Manhattan por $50 millones contra Verizon a favor de sus clientes. La base de datos contiene apenas los números “vigilados”, los números a que se llamó y los números de las llamadas recibidas. Dicen. Según el diario no aparece nada sobre el contenido de las llamadas, pero analistas de inteligencia sostienen que los datos recabados son suficientes para establecer “conexiones”. Todo esto con el argumento de la lucha contra el terrorismo. Uno de los abogados cree que cada telefónica puede ser demandada por $1,000 por cada cliente que fue “interceptado”. Estamos llegando a un punto en que el estado quiere controlarlo todo. Para la gente en el sur de la Florida, muchos de los cuales vinieron a vivir aquí para escapar a “estados controladores”, es difícil de aceptar que un gobierno que se diga democrático haga estas cosas. Los republicanos tienen mucho que explicar. No hay justificación alguna para esto. Con la experiencia de Watergate, me pregunto cuando senadores y congresistas han sido espiados con este mecanismo. Muchos de ellos firmes defensores de la administración del presidente Bush. Ironía del destino: no se captura a Osama Bin Laden, pero se espía a los contribuyentes, a los que pagan los salarios de la administración.
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